10 Oct, 2022
Desde la experiencia de Ingeus de casi 30 años de trabajo en más de 150 lugares en todo el mundo, apoyando a los gobiernos a aumentar las tasas de empleo y combatir la exclusión social, apuntamos a continuación algunas reflexiones e ideas que pueden ser tenidas en cuenta en España, a la hora de impulsar la colaboración público-privada en la inserción laboral..
CONSIDERACIONES PREVIAS
1º El marco de referencia:
Los informes y recomendaciones derivados de la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo Españoles (SPEs) en el marco del programa EVADES y de la Red Europea PES-Network, siguen insistiendo en la necesidad de la cooperación público-privada en materia de empleo en España.
Cooperación pública y privada. Dan Finn, Profesor Emérito de Inclusión Social de la Universidad de Portsmouth y uno de los mayores expertos a nivel internacional en el ámbito de la Colaboración Público-Privada en el ámbito del Empleo, nos comenta que es cuando el empleo empieza a recuperarse, el momento en el que los Servicios Públicos de Empleo deben de iniciar la colaboración con entidades privadas, para que los desempleados más alejados del mercado de trabajo se beneficien de la recuperación de empleo.
La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 (EEA) representa una nueva oportunidad para impulsar la cooperación entre los Servicios Públicos de Empleo (SPE) y los proveedores privados de servicios para el empleo, al establecer la colaboración con otros agentes, tanto públicos como privados entre otros, como uno de sus principios de actuación.
La experiencia del Acuerdo Marco para la contratación de los Servicios Públicos de Empleo del Estado y de las CCAA (en adelante, SPE) con las agencias de colocación, de reciente expiración, permite extraer un conjunto de conclusiones a tener en cuenta para el futuro marco de Colaboración Público-Privada (CPP) en el ámbito de la inserción laboral: plazos, colectivos destinatarios, tarifas y su estructura, entidades colaboradoras…
2º La experiencia internacional nos demuestra que cada vez más, los servicios de empleo necesitan personalizar sus modelos de servicios para afrontar el doble reto que supone reducir el desempleo y ofrecer apoyo a los desempleados más alejados del mercado de trabajo: parados de larga duración, Jóvenes sin cualificación, trabajadores de edad avanzada y personas con problemas de salud y discapacidades.
Aprender de la experiencia internacional. Dan Finn nos explica que ahora que el empleo empieza a recuperarse, es momento de pararse a reflexionar qué podemos aprender de experiencias pasadas, que no funcionaron y de otros países de nuestro entorno. El ejemplo de Irlanda es extrapolable a nuestro país, lo que hizo el gobierno irlandés para abordar el reto de reducir el desempleo de los parados de larga duración, fue aprender de la experiencia internacional y tener un diálogo con operadores con experiencia internacional, para poner en marcha un modelo de colaboración Público-Privada en el mercado de empleo.
3º La desigualdad en la recuperación del empleo
La recuperación económica está suponiendo una clara recuperación del empleo y unas mejores expectativas sobre el mercado de trabajo. Es indudable que la tasa de desempleo en España se ha reducido notablemente (el 30%) desde el segundo trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2018 (según datos EPA), pasando de los casi 5,5 millones de desempleados a 3,8 millones, pero la mejora del empleo no ha llegado de forma homogénea a todos los colectivos, en especial a los mayores de 45 años; colectivo que representa el 38% de los desempleados en España y en el que la tasa de desempleo únicamente se ha reducido el 21%.
Los desempleados de menos cualificación son más de dos millones de personas y representan el mayor porcentaje de los desempleados, el 54%.
Cuando el empleo empieza a mejorar. Dan Finn destaca que ahora, cuando la recuperación económica está favoreciendo la creación de empleo, es el momento de lanzar iniciativas de Colaboración Público-Privadas dirigidas a los colectivos más alejados del mercado de trabajo; colectivos que sin actuaciones específicas diseñadas ad hoc, quedarán al margen de esta recuperación.
4º El perfilado de los demandantes de empleo.
El inicio por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) de los trabajos necesarios para adoptar un modelo de “perfilado” de los usuarios que permitirá la adopción de medidas de activación en función de la menor o mayor distancia al empleo por parte de los desempleados.
5º El promover la innovación de las entidades colaboradoras.
La experiencia internacional de más de tres décadas de Colaboración Público-Privada en reducir las tasas de desempleo y combatir la exclusión social en distintos países del mundo, demuestra que la Colaboración Público-Privada no es una simple externalización de servicios condicionada a la aplicación de las mismas metodologías existentes. Si lo que se pretende es una mera cesión de medios privados a menor coste para paliar las carencias de medios públicos, el modelo estaría condenado al fracaso.
Es imprescindible que los SPE promuevan la capacidad de los proveedores privados para la innovación, la mejora e integración de los procesos de activación y la proximidad a los propios usuarios y a los empleadores; del mismo modo que el sector privado debe respetar las prioridades estratégicas públicas y sus requerimientos operativos, especialmente la trazabilidad y la acreditación de las acciones y de sus resultados.
Centrados en el propósito del servicio. Dan Finn destaca que el mejor enfoque es compaginar los estándares mínimos del servicio, con la flexibilidad y libertad de las entidades colaboradoras para adaptar sus metodologías a las necesidades de cada persona.
6º El fortalecer los Servicios de Empleo.
Los procesos de Cooperación Público-Privada en materia de Empleo no deben suponer en ningún caso, un debilitamiento de los Servicios Públicos de Empleo, al contrario; sólo con unos Servicios de Empleo bien dimensionados, con los recursos tanto humanos como materiales suficientes, dicha cooperación será eficiente.
¿Qué pasa con nuestros Servicios Públicos de Empleo?. Antón Costas y Valeriano Gómez comentan que en el actual momento de recuperación del empleo en España, es cuando más se debe invertir en potenciar y modernizar los Servicios Públicos de Empleo, servicios dotados económicamente muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno.
CRITERIOS A TENER EN CUENTA
En este contexto, y con idea de iniciar en España el desarrollo de iniciativas y proyectos de colaboración entre los SPEs y los proveedores privados de Servicios de Empleo, apuntamos una serie de criterios a tener en cuenta para el éxito de esta colaboración.
Uno de los aspectos fundamentales para conseguir un alto nivel de resultados en el ámbito de la Cooperación Público-Privada en materia de Empleo, reside en acertar con los mecanismos legales y en la correcta elección de los sistemas de selección de las entidades con las que colaborar.
Lo fundamental de las licitaciones. Dan Finn comenta que es clave tener una fase previa a las licitaciones en la que dialogar con los proveedores, conocer su experiencia y opinión; para posteriormente en la licitación, establecer un sistema de valoración de las ofertas de los distintos proveedores, que prime su calidad y no el precio más bajo.
Analizamos a continuación, algunos de los aspectos a tener en cuenta en las licitaciones de empleo:
1º Marco jurídico de referencia.
La experiencia internacional nos demuestra que las licitaciones en régimen de concurrencia competitiva, acostumbran a presentar por lo general, mejores resultados que los sistemas basados en subvenciones.
2º Perfil de los usuarios-demandantes de empleo.
Desde nuestro punto de vista, la Cooperación Público-Privada en materia de Empleo debería centrarse en los colectivos más alejados del mercado de trabajo, aquéllos que necesitan de un apoyo profesional, intensivo y flexible, sin el cual no serán capaces por sí mismos de poder acceder a un empleo digno; más que en aquéllos colectivos capaces por sí mismos de acceder al mercado de trabajo.
3º Criterios de adjudicación.
Puesto que los servicios de búsqueda de empleo se clasifican como servicios sociales y promueven el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, la ley establece que el precio no puede ser el único factor determinante para proceder a la adjudicación.
En este sentido, la nueva Ley de Contratos del Sector Público impone la utilización de una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluarán conforme a criterios económicos y cualitativos. Entre los criterios cualitativos, cabría incluir las características del servicio tales como metodologías, procesos, herramientas, materiales y ratios de inserción en el colectivo destinatario, y las mejoras. La implantación en el territorio o el número de oficinas no pueden ser tenidos en cuenta salvo justificación en el expediente.
El objetivo de inserción laboral debería ser un elemento relevante, aunque adaptado a las características de cada colectivo.
Adjudicación de contratos. Dan Finn comenta que uno de los mayores riesgos en la adjudicación de contratos de servicios de empleo, y donde muchos fallan, es poner el énfasis en el precio, lo que se traduce en baja calidad, quejas y abandono por parte de los usuarios. La combinación entre calidad y oferta económica debe ser la clave en los criterios de adjudicación.
4º Tipología de entidades colaboradoras.
Con el objetivo de conseguir resultados exitosos con los proyectos dirigidos a los colectivos más alejados del mercado de trabajo, al requerir éstos de procesos de acompañamiento largos y un enfoque multidisciplinar integral que aborde también problemas pre-laborales de los destinatarios, incluso en el entorno familiar, es aconsejable iniciar la colaboración público-privada con entidades colaboradoras solventes, que:
- Estén especializadas en el desarrollo de proyectos de empleo a gran escala con estos colectivos;
- Puedan acreditar experiencia suficiente;
- Tengan resultados contrastables en este campo;
- Dispongan de solvencia suficiente;
- Cuenten con metodologías propias innovadoras contrastadas;
- Tengan capacidad logística y de gestión;
- Dispongan de procesos y sistemas de información robustos.
A estos efectos, en los pliegos deberían preverse criterios de selección y adjudicación que respondan a los anteriores parámetros.
Ventajas que aporta el sector privado. Dan Finn destaca que el potencial de sus equipos y su experiencia nacional e internacional en colectivos concretos son algunas de las ventajas que ofrecen los operadores privados de servicios de empleo.
5º Ámbito de actuación.
Consideramos que en las primeras fases de la Cooperación Público-Privada en materia de empleo, con idea de poder obtener resultados exitosos, evaluables y extrapolables a otros ámbitos, los primeros proyectos deberían desarrollarse en áreas urbanas, especialmente en ciudades o áreas urbanas de más de 50.000 habitantes.
6º Dimensión de los proyectos.
Con objeto de poder poner en marcha los equipos multidisciplinares necesarios, y contar con los sistemas de información y gestión robustos y solventes que garanticen el éxito de los proyectos, éstos deberían conformarse en lotes de una dimensión mínima por lote en torno a las 300 personas.
7.- Plazo de ejecución.
Al tratarse de proyectos dirigidos a colectivos alejados del mercado de trabajo, en los que los primeros resultados se producirán transcurridos unos 18 meses desde su inicio, lo ideal es que el plazo de ejecución de los proyectos sea de dos años.
¿Cuánto tiempo debería durar un contrato?. Dan Finn comenta que los contratos deberían de durar como mínimo dos o tres años para empezar a tener la eficiencia en la curva de implementación. Está demostrado que cuanto mayor es la duración de los contratos, mayor es un eficacia y eficiencia.
8º Nivel de servicio.
Los proyectos deberían establecer unos estándares de calidad homogéneos para todas las entidades colaboradoras, así como unos servicios mínimos a prestar a todos los usuarios. No obstante, la experiencia demuestra que es imprescindible permitir en la fase de ejecución del contrato un alto nivel de flexibilidad, siempre que se respete el principio de acompañamiento individualizado, personalizado y holístico que establece la EEA.
Estándares homogéneos y flexibilidad que servirán para poder medir la calidad y eficacia de las distintas entidades y poder extraer conclusiones de cara a futuras licitaciones.
Calidad del servicio. Dan Finn destaca que la clave es cómo medir la calidad del servicio y su efectividad: el diseño y puesta en marcha del plan de acción, la frecuencia de los contactos con los usuarios y las incorporaciones al mercado de trabajo, son los principales hitos a valorar.
9º Objetivos de inserción.
En función de las características del colectivo de usuarios de cada proyecto, se deberían de establecer objetivos de inserción tanto en relación a primeras inserciones, como a otros periodos de contratación.
10º Honorarios.
La experiencia internacional demuestra que un buen modelo de honorarios, debe de distribuir estos en un porcentaje de remuneración fija por atención a los usuarios y un porcentaje variable en función de resultados por inserción laboral.
Inserción laboral que en el caso de colectivos muy alejados del mercado de trabajo debería ser remunerada en las primeras contrataciones (tanto a jornada continua, como a tiempo parcial), con el objetivo de primar la incorporación o reincorporaciones laborales, e incentivada en función de las duraciones de los contratos.
Es deseable que en las fases iniciales de la Cooperación Púbico-Privada en materia de Empleo, el porcentaje de pagos iniciales por atención sea mayor, y que disminuyan a medida que el mercado madure y se profundice en el conocimiento del mismo. Con esto se trataría de evitar riesgos como el del llamado “descreme” o no atención a los usuarios menos empleables, de manera que las entidades colaboradoras se centren únicamente en los usuarios más “fáciles”.
